Hoy sólo nos queda implorar: ¡Ven, Señor Jesús!
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A la luz de estos principios, y con un poco de lógica y buena voluntad, podremos entender cuál es, en la mente de Cristo y, por tanto, en el derecho divino, la relación entre la Iglesia y el Estado.
Al Estado hay que reconocerle los derechos con que Dios lo ha investido; pero el hecho de la institución divina de la Iglesia, cuyos derechos ha establecido el mismo Jesucristo, determina, precisa e incluso limita los derechos del Estado.
Por de pronto, Cristo tiene derecho a ser reconocido como Rey, no sólo por los individuos, sino también por el Estado civil, sobre quien tiene verdadera autoridad.
De ahí, consiguientemente, la obligación del Estado a reconocer a la Iglesia como Reino de Jesucristo, con todos los derechos de que su divino Fundador la ha investido.
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